jueves, 23 de febrero de 2017

CELEBRACIÓN DEL DÍA DE ANDALUCÍA 2017

Accede a este vídeo para cantar el Himno de Andalucía con la ayuda de la letra en la pantalla.




Declaración institucional del Consejo de Gobierno con motivo del XXXVII Aniversario del 28-F

Cada 28 de Febrero revisamos los avances y las conquistas que la autonomía política ha deparado en el rumbo de Andalucía. En este 2017 se acumulan diversos hitos. Transcurren 37 años de la celebración del referéndum de acceso a la autonomía, una década de la aprobación del Estatuto de Autonomía de 2007 y 40 años de la movilización ciudadana del 4 de diciembre de 1977 en demanda de la autonomía.
Se reconoce como un episodio histórico que el empuje de los andaluces y las andaluzas trajo un nuevo diseño del Estado de las Autonomías. Andalucía se levanta como sujeto político y obliga a generalizar una descentralización del poder político que se había concebido de un modo elitista, reservado para unos pocos, para crear una España a dos velocidades.
Fue un proceso memorable y así debe permanecer en el bagaje de sucesivas generaciones de andaluces y andaluzas, aun cuando los más jóvenes tengan dificultades lógicas para entender un hito del que hoy disfrutan con naturalidad.
El rendimiento de la autonomía ha sido beneficioso aunque persistan problemas en el día a día de los andaluces. Numerosos indicadores podrían testimoniar que Andalucía estaba muy lejos del resto de España. El analfabetismo en Andalucía triplicaba en 1981 la tasa de España, hoy la tasa bruta de graduación universitaria de Andalucía es equivalente a la de España.


La aportación cualitativa de la autonomía ha sido facilitar a Andalucía una voz propia en el conjunto de España. Gracias al 28-F, fuimos los garantes de un desarrollo armónico de este país. Por eso, y en defensa de la igualdad de los ciudadanos vivan en el territorio que vivan, Andalucía denuncia hoy que padece un severo agravio por la incorrecta aplicación de la financiación autonómica y tiene autoridad para reclamar una operación de armonización tributaria que debe liderar el Estado. Se impone el punto y final al dumping fiscal entre comunidades, al comportamiento sin pudor de algunos gobiernos autonómicos que bajan los tipos impositivos y reabren la brecha entre las regiones con más recursos y las peor financiadas.  

Andalucía tiene clara su hoja de ruta. Es una apuesta por preservar los cimientos del edificio del Estado del Bienestar y de incrementar su potencial. La fórmula es diáfana: el funcionamiento garantizado de centros de salud, hospitales, colegios, institutos o centros de día. Son el rostro tangible de un Estado prestador de servicios, el mejor termómetro para evaluar el funcionamiento de la administración y el grado de satisfacción de la sociedad.
Andalucía hace gala de ser la comunidad autónoma que atiende a más dependientes. Es una apuesta, no es ninguna casualidad. Vamos a poner en marcha un plan de choque para incorporar nuevos dependientes y seguir reforzando nuestro liderazgo nacional en el desarrollo de este cuarto pilar del estado del bienestar. Y la Junta de Andalucía lo está haciendo a pulmón por la insuficiente financiación del Gobierno, que está muy lejos de las exigencias que marca la propia legislación.
El paro sigue siendo un lastre para que Andalucía despliegue todas sus capacidades. Es un drama que sufren miles de andaluces y por tanto es la principal preocupación para el Gobierno de Andalucía, que pone todos los medios a su alcance por despejar los obstáculos para la creación de empleo. La tendencia es positiva y nos permite desde la prudencia albergar esperanzas. Seguimos bajando las cifras de desempleo y lo hacemos a más velocidad que el resto de España. Y no se trata de crear empleo sino que este sea digno y de calidad.
Hemos rubricado un pacto por la industria con empresarios y sindicatos para movilizar 8.000 millones de euros, una apuesta estratégica por un sector que ha resistido la crisis mejor que otros desde la perspectiva del empleo. 
El Estatuto de Autonomía de Andalucía de 2007 permitió apuntalar este conjunto de derechos de la población andaluza. La norma autonómica de mayor rango jurídico propició el blindaje de prestaciones como la salud y la educación que, en su condición de derechos sociales, afrontaron la crisis económica con las máximas  garantías. Una década después, el Estatuto de Autonomía merece su reconocimiento como cinturón de seguridad del estado social. Bajo el mandato estatutario hemos podido desarrollar leyes pioneras y que avanzan en conquistas sociales como la de Función Social de la Vivienda, la de Sostenibilidad y Garantías del Sistema Público de Salud, la de Servicios Sociales, la de Autonomía Local o la de Transparencia.
Junto a los retos particulares Andalucía participa de las exigencias comunes a toda sociedad europea. El drama de los refugiados y la inmigración a las puertas de la Unión Europea constituyen un aldabonazo en las conciencias de sus ciudadanos. No podemos permanecer impasibles al dolor de personas que huyen de la guerra, del terror, de las hambrunas o de la muerte y que encuentran en Europa una esperanza de futuro.  
La reafirmación de una identidad no se construye levantando muros en ningún punto del planeta. Es un error convertir la identidad en un factor de exclusión. Lo es desde una perspectiva global de los derechos humanos.
Ha evolucionado la identidad de Andalucía en estas décadas de autogobierno en paralelo a la transición de una economía agrícola a una sociedad de servicios, aun cuando la contribución de la agricultura en el PIB de Andalucía sea el doble que a nivel nacional. Participamos de la fuerza de arrastre que ejerce la globalización, que obliga hoy a una competición empresarial y económica en mercados sin fronteras.
En el balance de estas casi cuatro décadas de autogobierno, si fijamos su inicio en la preautonomía, Andalucía ha demostrado su nula voluntad de construir un nacionalismo andaluz rupturista, un andalucismo encaminado a tensar las costuras de un país. Hubiera sido una siembra imposible en una tierra incluyente.
El Estatuto de Autonomía de 2007 es la contribución más reciente de Andalucía al equilibrio y continuidad del Estado autonómico. Andalucía ha aportado siempre sensatez y equilibrio al debate territorial y seguirá haciéndolo.
El futuro demanda una profundización de la estructura territorial de España, que debe fortalecer la convivencia de los españoles. La siguiente meta debe llamarse Estado federal, la evolución natural del Estado autonómico.
Cada 28 de febrero debe ser una jornada reivindicativa y de reflexión. Los andaluces y andaluzas de hoy, herederos de aquellos que hicieron de la autonomía un sueño, tenemos una deuda de gratitud con quienes pusieron la primera piedra. Aquel ejercicio de movilización y de conciencia es un incentivo para encarar las incertidumbres de hoy.


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